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Acreedor. Quién es y qué derechos tiene

Acreedor es aquella persona natural o jurídica facultada para exigir la satisfacción de una deuda. Se suele definir como el antagonista de la figura del deudor en una relación. El deudor está obligado a realizar un pago y el acreedor tiene el derecho a recibirlo. 

La palabra acreedor tiene etimología latina, ya que se refiere a la persona que da crédito a otra creyendo que va a ser pagada. A fin de cuentas, la relación del acreedor con el deudor es de confianza, pues aquel cree que el deudor va a satisfacer lo que le es debido.

Pero los acreedores en un contrato, previamente a su perfeccionamiento, pueden adoptar determinadas cautelas pidiendo garantías personales, como avales de terceras personas o garantías reales como recibir algo en prenda o hipotecar un bien inmueble.

El origen del derecho del acreedor derecho puede ser contractual o extracontractual:

  • Será contractual cuando el derecho surja de un contrato. Dentro del contrato estarán los términos sobre el momento y la forma en que tenga derecho a exigir el cobro, que será el momento en la que deuda esté vencida y sea exigible.
  • Será extracontractual cuando ese derecho nazca de acciones u omisiones que puedan generar daño o derecho a dejar indemne. Por ejemplo, la obligación daños ocasionados en el mobiliario urbano.

Tipos de acreedores

La tipología de los acreedores se circunscribe a la variedad del tipo de obligaciones. A continuación recogemos algunas de las tipologías más relevantes.

Cuando existen múltiples acreedores

Cuando existe una pluralidad de acreedores, la distinción más común es la de acreedor solidario o mancomunado. En estos casos distinguimos:

  • Acreedor solidario, que tendrá derecho a reclamar la totalidad de la deuda y el deudor quedará liberado pagando solo a ese acreedor, sin que el resto de acreedores le puedan reclamar nada.
  • O acreedor mancomunado, que solo podrá reclamar una porción de la deuda. Cada acreedor solo podrá reclamar al deudor una parte de la deuda.

Cuando el acreedor tiene créditos protegidos

Otra distinción importante es la referente a la prelación y posición de su crédito en un concurso de acreedores, así por razón de la calificación de su crédito habrá los siguientes acreedores:

  • Con crédito contra la masa. Serán calificados así los créditos cuyo pago sea necesario para continuar con la actividad
  • Con crédito con privilegio especial. En estos créditos el acreedor tendrá otorgada a su favor una garantía hipotecaria o pignoraticia.
  • Con crédito con privilegio general. El privilegio general atiende a los créditos de determinadas personas que es necesario que sean atendidos con preferencia a otros por la importancia de las personas que los cobran, por ejemplo los créditos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los Salarios de los trabajadores.
  • Con crédito ordinario. Aquí se encontrarían aquellos que no se encuadren en ninguno de los números anteriores. Por lo general son créditos a favor de entidades privadas que no tienen ninguna garantía real y que su pago no es vital para que el deudor pueda continuar con su actividad mercantil.
  • Con crédito subordinado. Sería la última categoría en la que es incluyen aquellos créditos de personas especialmente vinculadas con el deudor y aquellos que de acreedores que hayan sido penalizados por haber participado en actuaciones perjudiciales para la masa del concurso.

Cuando el acreedor se somete a la normativa administrativa

También podemos distinguir entre acreedores públicos o privados:

  • Es importante destacar que los acreedores públicos, salvo en situaciones concursales, por virtud de la aplicación del principio de eficacia con el que actúa la administración y las instituciones públicas, tienen prerrogativas y privilegios para ejecutar sus créditos.
    Dicho de otro modo, ostentan facultades recaudatorias directamente ejecutivas, pudiendo realizar apremios y trabas sobre los bienes de los deudores sin necesidad de procedimiento judicial. Simplemente tendrán que acogerse a las normas que marque el procedimiento administrativo.
  • Para los acreedores privados, la ley habilita un proceso y el ejercicio de acciones judiciales para poder exigir el pago. Es decir, al contrario de lo que ocurre con el acreedor público (que ejecuta directamente su crédito), el acreedor privado tendrá que iniciar actuaciones judiciales. Estas suelen tramitarse en dos etapas.
    En primer lugar deberá declararse la existencia del crédito y cuantificarse. Esto se hace en un proceso declarativo.
    Y en segundo lugar se podrá ejecutar el crédito. Esto se hace en un proceso ejecutivo.
    Además de las muchas acciones reguladas en la legislación sectorial, las normas del Código Civil recogen acciones que pueden ejercitar cuando el deudor incumple. Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el proceso judicial donde se sustanciarán estas acciones.

Para concluir, hay que afirmar que la teoría general de las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico está orientada a dar un marco normativo que aporte seguridad y confianza.

El crédito es un pilar fundamental sobre el que se sostiene cualquier economía. Y es que si los potenciales acreedores no tuvieran garantías de que podrán cobrar sus créditos, las relaciones comerciales se verían seriamente restringidas.


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