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Exoneración de deudas públicas con la Ley de Segunda Oportunidad

La cancelación o exoneración de deudas públicas es absolutamente posible gracias al proceso de segunda oportunidad. Pese a que la ley parece indicar lo contrario, la jurisprudencia ha interpretado repetidamente el texto en el sentido de:

  • Que no hay ninguna traba a la cancelación de deudas públicas cuando se recurre al BEPI definitivo. Así lo establece la propia Ley 25/2015, de Segunda Oportunidad.
  • Pero que también es posible la exoneración de deudas públicas cuando se concede el BEPI provisional, pese a que la redacción literal de la ley parezca señalar lo opuesto. Lo único que hay que considerar es que la parte privilegiada de los créditos públicos se incluirá en el plan de pagos, por lo que:
    • Deberá abonarse en el plazo de cinco años para dar cumplimiento a este plan de pagos y elevar el BEPI a definitivo.
    • Cuando el deudor sea objetivamente incapaz de abonarla todavía podrá acceder al BEPI provisional.

Expliquemos en detalle cómo funciona la exoneración de deudas públicas en la Ley de Segunda Oportunidad

La exoneración de deudas públicas en al Ley de Segunda Oportunidad

A raíz de la aprobación de la Ley 25/2015, de segunda oportunidad, que modifica la Ley 22/2004, Concursal, las personas naturales en situación de insolvencia pueden exonerar todas sus deudas pendientes e impagables.

Esta norma busca ofrecer al particular y al autónomo insolventes una vía de escape a su situación, permitiéndole volver a empezar de cero liberándolo de sus acreedores.

El problema es que la ley parece no admitir la exoneración de deudas públicas en todos los casos. Lo cual es un problema, especialmente en el caso de los autónomos.

Y es que ante el fracaso de una aventura empresarial, las deudas con la Seguridad Social  con Hacienda pueden ser de una cuantía muy elevada. Por tanto, ¿puede empezar de cero quien no puede acceder a la exoneración de deudas públicas?

Esta pregunta se hicieron nuestros tribunales, optando por responder negativamente. Es decir, para que la Ley de Segunda Oportunidad pueda cumplir sus objetivos es necesario que incluya la cancelación de deudas públicas.

Primera fase: AEP

El mecanismo de segunda oportunidad se inicia mediante el intento del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP). Se trata de un intento de negociación, cuyo objetivo es reestructurar las deudas para pactar unas condiciones de pago viables.

Esta negociación se realiza bajo el amparo del mediador concursal, que convocará a los acreedores y ayudará al deudor a llegar a un acuerdo. Pero los acreedores públicos no participan en estas negociaciones.

Bien mirado, esto tiene sentido. A fin de cuentas las Administraciones Públicas siguen principios de objetividad y de legalidad. De modo que difícilmente se puede justificar la cancelación de una deuda pública en un proceso de negociación privada.

En definitiva, la primera fase del proceso de segunda oportunidad no permite la exoneración de deudas públicas, ya que los acreedores públicos ( como AEAT y la Seguridad Social) ni siquiera participarán en las negociaciones.

Segunda fase: BEPI

El hecho de que los acreedores públicos no participen en el AEP no impide la exoneración de deudas públicas por conducto de la Ley de Segunda Oportunidad. Y es que cuando las negociaciones fracasan se abre la segunda fase del proceso.

Hablamos de la fase de concurso consecutivo. Esta es una fase judicial, tramitada ante el Juez Mercantil, que está encaminada a:

  1. Liquidar el patrimonio del deudor y aplicarlo al pago de las deudas que pueda llegar a cubrir.
  2. Y conceder el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) para cancelar el resto de deudas.

Dicho beneficio se encuentra regulado en el artículo 178 bis de la referida Ley Concursal. Debido a una redacción contradictoria en algunos de sus párrafos, se han suscitado dudas sobre si este beneficio incluía o no la exoneración de deudas públicas.

Pero para entender esta cuestión hay que analizar cómo se articula el BEPI en la Ley de Segunda Oportunidad.

Exoneración de deudas públicas mediante el BEPI definitivo

El BEPI definitivo equivale a una cancelación automática y definitiva de todas las deudas impagables. Para poder acceder este beneficio es necesario cumplir una serie de requisitos.

Los presupuestos necesarios sin los cuales dicho beneficio no se concedería son los siguientes:

  • Deudor de buena fe, lo que se concreta en lo siguiente:
    • Que el concurso no sea declarado culpable.
    • Además, que no haya sido condenado por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, fiscales, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
    • Que haya intentado un AEP (aunque este requisito no siempre es necesario).
  • Pago de:
    • Todos los créditos contra la masa y los créditos privilegiados.
    • En caso de no haberse intentado AEP, al menos el 25 % de los créditos ordinarios.

No hay dudas de que el BEPI definitivo alcanza a los acreedores públicos. De modo que siempre que se tenga acceso a esta modalidad se producirá la exoneración de deudas públicas.

La clave radica en que el deudor ya habrá pagado los créditos privilegiados, de modo que podrá librarse del resto de deuda pública, que equivale a un 75 % de estos créditos.

Cancelación de deudas públicas mediante el BEPI provisional

Evidentemente, dado que el deudor está en situación de insolvencia, habrá muchos casos en los que no disponga de liquidez para realizar los pagos antes indicados. En este caso, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de acceder a otro tipo de BEPI.

Se trata del BEPi provisional, cuya particularidad radica en que no es automático, sino que se condiciona al cumplimiento de un plan de pagos que puede durar hasta 5 años.

Para ello, el deudor deberá cumplir una serie de requisitos:

  • Aceptar someterse al mencionado plan de pagos, que tendrá una duración máxima de cinco años.
  • Cumplir con las obligaciones de colaboración concursal.
  • No haber obtenido otro BEPI en los últimos diez años ni rechazado empleo adecuado a su capacidad en los últimos cuatro años.
  • Aceptar que el BEPI sea inscrito en el Registro Público Concursal.

Aquí es donde aparece el conflicto de la exoneración de deudas públicas, ya que una lectura literal de la Ley parece excluir esta posibilidad. Pero si aceptamos esta interpretación literal nos encontramos con que la Ley de Segunda Oportunidad no permite cancelar deudas con Hacienda o la Seguridad Social, que son de las más cuantiosas cuando la insolvencia se debe a un fracaso empresarial.

Es decir, si la norma no permite cancelar deudas con la Seguridad Social y Hacienda, se convierte en ineficaz para conseguir su objetivo: sanear la situación económica del deudor.

¿Cómo afecta el BEPI a las deudas con la administración y la Seguridad Social?

Como decimos, el artículo 178 bis señala que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social quedan fuera del BEPI provisional, ya que están sujetas a su propia regulación respecto a aplazamientos y fraccionamientos.

Esto ha generado dudas ya que parece ir contra el espíritu de la norma de buscar la exoneración total de deudas, lo que ha motivado la discusión sobre si estos créditos pueden incluirse en el plan de pagos o bien quedan al margen por tener su propia normativa, tal como prescribe la ley.

La respuesta del Tribunal Supremo

El asunto llegó al Tribunal Supremo y su la Sala 1ª en su Sentencia n.º 381/2019 puso de manifiesto los siguientes argumentos:

  • Apreció la contradicción en la norma. Y es que:
    • Si el deudor tiene solvencia suficiente como para acceder al BEPI definitivo puede beneficiarse de la cancelación de los créditos públicos.
    • Pero si no la tiene, las deudas públicas seguirán siendo exigibles.
      • Sin embargo, no tiene sentido penalizar a la persona que no tiene capacidad suficiente para atender las deudas.
  • Además, aunque los créditos públicos, precisamente por su propia naturaleza, tienen una regulación concreta, una vez que se haya declarado el concurso han de regirse por las normas concursales.
    Es decir, resulta admisible que el acreedor público no participe en el AEP por tratarse de una negociación privada. Pero llegados a la fase judicial, el propio juez es garante del respeto a la legalidad en vigor. De modo que las normas concursales deben primar sobre las aplicables al crédito público.

Conclusión: el TS ante la exoneración de deudas públicas mediante la ley de segunda oportunidad

Por lo tanto, después de una interpretación finalista y sistemática, el Tribunal Supremo terminó superando la literalidad y despejando la incógnita. Resolvió que las deudas de derecho público se pueden incluir en el plan de pagos.

Parte de estas deudas se calificará como crédito con privilegio general, quedando integrada en el plan de pagos. Mientras que la parte calificada como crédito ordinario o subordinado podrá cancelarse mediante el BEPI.

Por tanto, el Juez puede imponer a Hacienda y a la Seguridad Social fraccionamientos y aplazamientos en un plazo de cinco años e incluso reducir los créditos.

Si el plan de pagos tampoco se puede cumplir, igualmente se podrá lograr la exoneración del pago de dichos créditos. Para ello habría que recurrir al BEPI discrecional, como se ha explicado antes.

Esto es una muy buena noticia para los autónomos, ya que en sus concursos se observa el gran peso que suelen tener las deudas con la AEAT y la TGSS. Pero estas deudas ya no son perpetuas.

Siempre que el particular o autónomo transite el proceso de segunda oportunidad y llegue a solicitar el BEPI conseguirá la exoneración de sus deudas públicas. Sea de forma automática (lo que concuerda con la redacción literal de la Ley) o provisional (pese a la forma en que está redactada la norma).


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