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Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, es una norma que adapta el procedimiento concursal a las personas naturales (particulares y autónomos) para permitirles cancelar sus deudas.

Se trata de una ley que articula un procedimiento en dos etapas:

  1. Etapa negociada: Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Durante esta primera etapa, el deudor puede negociar una reestructuración de todas sus deudas, así como cancelar hasta el 99 % de sus deudas privadas.
  2. Etapa judicial: concurso consecutivo. Durante esta segunda etapa y a cambio de liquidar su patrimonio, el deudor podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Este mecanismo permite cancelar incluso las deudas públicas, flexibilizando con el principio de responsabilidad patrimonial universal.

La Ley de Segunda Oportunidad trató de abrir una vía de escape a aquellas personas ahogadas en deudas, siempre que no fueran responsables de las mismas. Así, combina unos sólidos cimientos éticos con la garantía de cobro de los acreedores.

A continuación analizamos el contexto, trayectoria y contenido de esta norma.

Ley de Segunda Oportunidad: contexto

Tras la gran crisis económica de 2008 se han tratado de buscar respuestas políticas y legislativas para resolver la situación de aquellas personas físicas que cayeron en la insolvencia. A a consecuencia de la misma, miles de familias han quedado desahuciadas o marcadas de por vida.

No solo nos referimos a un aspecto moral, sino también patrimonial, al verse afectadas por embargos, trabas y anotaciones en registros de morosidad. Estas barreras, en ocasiones, se perpetúan en el tiempo impidiendo cualquier posibilidad de reiniciar una nueva actividad económica.

Consciente de esta realidad, el legislador adoptó la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada por Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero y consolidada en la Ley 25/2015.

De la lectura de su exposición de motivos se constata la preocupación del legislador por los efectos devastadores originados por la crisis económica y su preocupación por los ciudadanos con los que más duramente se ha cebado.

En la introducción a la Ley de Segunda Oportunidad encontramos el criterio principal que ha de presidir su interpretación. No es otro que la finalidad de dar una segunda oportunidad a quienes fracasaron en su aventura en el emprendimiento o sufrieron un revés económico. Así, la ley trata de estimular la economía y atemperar el diferente tratamiento de la responsabilidad en actividades mercantiles o ante deudas.

Qué es la legislación de Segunda Oportunidad

La legislación de segunda oportunidad es aquella orientada a proporcionar un fresh start al deudor insolvente. Se trata de normas que facilitan la reestructuración de la deuda, buscando:

  • Que el quebrado salga de la situación de insolvencia. Es probable que para ello deba renunciar a su patrimonio, pero a cambio se flexibilizará o evitará la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal.
    Según este principio, todo el patrimonio del deudor (actual y futuro) está vinculado al pago de sus deudas. De modo que si se aplicara en todos los casos, el insolvente no podría recuperarse económicamente hasta haber satisfecho todas sus obligaciones.
  • Que los acreedores incrementen sus expectativas de cobro. Esto se realiza mediante la introducción del principio par conditio creditorum.
    El principio par conditio creditorum sitúa a todos los acreedores en una posición de igualdad. De este modo se evita que se abalancen sobre lo que queda del patrimonio del deudor y se procura una satisfacción (aunque sea parcial) al conjunto de acreedores.
  • Que el impacto de la insolvencia se minimice. En el caso de la Ley de Segunda Oportunidad, vemos que permite la continuidad de la actividad del autónomo, con la esperanza de que:
    • Se recupere económicamente, saliendo de la crisis y pagando a todos sus acreedores.
    • O, al menos, se conserven los puestos de trabajo de su plantilla, evitando que también las personas a su cargo padezcan los efectos de la quiebra.

Por tanto, la Ley de Segunda Oportunidad se configura como la respuesta y solución de los poderes públicos a la situación de aquellas personas que no han tenido éxito en el desarrollo de sus negocios o de su economía doméstica. La segunda oportunidad no debe ser considerada como un fracaso sino como un remedio o solución a la insolvencia.

Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad prevé dos mecanismos, uno subsidiario del otro.

  1. Por un lado, se intenta un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP). Se trata de una solución negociada, en un marco favorable al acuerdo. Su objetivo es reestructurar las deudas mediante la introducción de quitas, esperas y conversiones de crédito.
  2. Cuando lo anterior no sea posible se podrá pedir el Beneficio Exoneración del Pasivo Insatisfecho, que supone la cancelación de todas las deudas. Al tratarse de una etapa judicial, en nada influye la falta de acuerdo de los acreedores. Además, puede extender sus efectos a las deudas públicas (Hacienda y Seguridad Social).

Cada una de estas etapas tiene un alcance propio y para recurrir a ellas habrá que cumplir ciertos requisitos.

Quién puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para personas naturales, que incluyen:

  • Particulares. Por ejemplo, pueden ser familias que no pueden pagar la hipoteca o particulares que han acumulado deudas.
  • Personas físicas que desarrollan su actividad por cuenta propia como autónomos. Pueden ser profesionales o empresarios.

En el caso de una sociedad, procedería recurrir directamente al concurso de acreedores. Recordemos que la Ley de Segunda Oportunidad no es más que una modificación de la Ley Concursal, que adapta este proceso a los supuestos en que el concursado es una persona natural.

El proceso de segunda oportunidad

El proceso recogido en la Ley de Segunda Oportunidad se desarrolla en dos fases.

  1. Una primera en la que se solicita el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP).
  2. Y la segunda la referente a el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

1.- El acuerdo extrajudicial de pagos.

El acuerdo extrajudicial se encuentra regulado en el Título X de la Ley 22/2003, Concursal (art 231 y ss). Se trata de un procedimiento negociado por el cual el deudor, en las casos en que se encuentre en situación de insolvencia, convoca a sus acreedores para alcanzar este acuerdo, siempre que su pasivo no supere el montante de 5.000.000 de euros.

El proceso se inicia mediante solicitud a través de modelo normalizado ante el Notario del domicilio o ante el Registrador. A dicha solicitud se ha de acompañar:

  1. Inventario de bienes y derechos.
  2. Lista de acreedores y su pasivo especificando NIF, domicilio y cuantía y vencimiento.
  3. Relación de contratos vigentes y de los gastos mensuales.

Tras el examen de la solicitud se intentará nombrar un mediador concursal. Cuando el mediador acepta su cargo se producen los siguientes efectos:

  • Publicación en la hoja del Registro Civil de la persona afectada y demás registros que correspondan.
  • Comunicación al Juez de lo Mercantil del inicio de negociaciones para alcanzar el citado acuerdo.
  • Notificación a la Agencia Tributaria.

En los 10 días siguientes a la aceptación, el mediador examinará la documentación y puede pedir al deudor que subsane, aclare o complemente la misma. A continuación procederá a convocar a todos los acreedores a una reunión para alcanzar el acuerdo.

Efectos del AEP en la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad determina que el inicio del expediente supone una serie de efectos legales:

  • El deudor no puede hacer actos de disposición más allá de los correspondientes al desarrollo habitual y rutinario de su tráfico mercantil.
  • Los acreedores no pueden iniciar ejecuciones y las que están en curso no podrán continuar, por lo que se pueden detener embargos Esto se mantendrá como máximo durante tres meses.
  • Deben evitarse actos que supongan mejorar la posición entre acreedores respecto al deudor común.
  • Se suspende el devengo de intereses.

Tramitación del AEP en la Ley de Segunda Oportunidad

Al menos con 20 días de antelación a la fecha de la reunión, el mediador enviará a los acreedores la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. En la propuesta se pueden contener:

  • Quitas.
  • Esperas
  • Cesiones en pago o para pago.

El acuerdo no puede consistir en la liquidación total del patrimonio para pago de deudas, ni alterar el orden legal de prelación de créditos. Además, debe contener un plan de pagos, un plan de vialidad de negocio y qué cantidad queda reservada para el deudor en concepto de alimentos para él y su familia.

Los acreedores, pueden presentar propuestas alternativas a la realizada por el mediador pero será el deudor quien decida el plan que propone a los acreedores. Si estos no se retiran antes de la fecha de la reunión tendrán asistir a la misma salvo que hayan manifestado su aprobación u oposición. Si no lo han hecho y no asisten en caso de concurso ulterior su crédito se considerará subordinado.

Efectos del AEP en la Ley de Segunda Oportunidad

El alcance del AEP dependerá del volumen de adhesiones que consiga. Dicho de otro modo, cuantos más acreedores voten a su favor, más intensas podrán ser las medidas que contenga.

  • Cuando vote a su favor 60 % del pasivo vinculará a todos los acreedores (excepto los que tengan garantía real, lo que requiere un 65 %) y podrá incluir esperas inferiores a 5 años y quitas inferiores al 25 % de la deuda.
  • Y cuando vote a su favor el 75 % del pasivo vinculará a todos los acreedores (excepto los que tengan garantía real, lo que requiere un 65 %) y podrá incluir esperas de 5 o más años y quitas superiores al 25 %.

Llegados a este punto la Ley de Segunda Oportunidad plantea dos posibilidades:

  • Se aprueba y se eleva a escritura pública. El acuerdo tendrá la condición de acto no rescindible en caso de un posible concurso futuro.
  • Se rechaza, en cuyo caso es necesario solicitar al Juez la declaración de Concurso.

En este último caso estaremos ante el concurso consecutivo (art 242 LC), siendo este el que se declara a instancia del mediador concursal, el deudor o un acreedor ante la imposibilidad de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos.

2.- El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

La Ley de Segunda Oportunidad introdujo el artículo 178 bis en la Ley Concursal. Se trata de la novedad principal de la norma.

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) constituye una declaración judicial que, una vez firme, produce un efecto sanador, borrando todo rastro de deuda. Solo se permite a los deudores personas naturales y de buena fe.

Para llegar a este beneficio es necesario la conclusión del concurso, ya sea por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Tiene tres modalidades

  • Definitiva.
  • Provisional.
  • Discrecional.

Los requisitos para acceder a este beneficio de forma definitiva son:

  • Que el concurso no haya sido declarado culpable.
  • La ausencia de antecedentes penales en los 10 años anteriores por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública y/o contra la Seguridad Social y derechos de los trabajadores.
  • Haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Y/o haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos con privilegio especial y, si no ha intentado el acuerdo extrajudicial, haber satisfecho además un 25 % del pasivo ordinario.

Si se dan estas circunstancias se cancelarán de forma automática todos los créditos, incluidos los de derecho público. Si no se pudieran pagar las cuantías indicadas en el último punto se podrá obtener el beneficio de forma provisional:

  • Aceptando un plan de pagos.
  • No habiendo obtenido el beneficio en los últimos 10 años ni rechazado en los 4 años anteriores una oferta de empleo adecuada a su formación.
  • Aceptación de la inclusión del beneficio en el Registro Público Concursal durante un plazo de 5 años.

Si no se pudiera cumplir el plan de pagos y se hubiera atendido la mitad de los créditos incluidos en el Plan, el Juez todavía puede acordar la exoneración discrecional.

Deudas públicas en la Ley de Segunda Oportunidad

Merece la pena hacer una mención particular a los créditos tributarios y la posibilidad de exonerar deudas públicas mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Si bien estos pueden ser exonerados en la modalidad automática del BEPI, la lectura literal de la norma parece indicar que no ocurre lo mismo en la modalidad provisional.

A pesar del tenor literal de la Ley, STS n.º 381/2019, de 2 de julio ha establecido que estos pueden quedar incluidos en dicho plan de pagos. Además, si no pudieran ser atendidos, el Juez podrá reducirlos hasta un 50 %. Sin embargo esta facultad es discrecional, por lo que su éxito requerirá de la pericia del mercantilista encargado del asunto.

Desarrollo jurisprudencial de la Ley de Segunda Oportunidad

Hemos mencionado en el apartado anterior la Sentencia del Tribunal Supremo, referente a la posibilidad que existe de incluir en el Plan de Pagos (BEPI provisional) los créditos de derecho público y su modulación por parte del Juez.

Este importante pronunciamiento demuestra que la Ley de Segunda Oportunidad es una norma viva, que está siendo constantemente desarrollada a nivel jurisprudencial. Otros ejemplos son los pronunciamientos en torno a la vivienda habitual y la responsabilidad de los avalistas.

De nuevo nos encontramos con situaciones que parecen excluidas del tenor literal de la Ley de Segunda Oportunidad, pero que suponen importantes ventajas para el deudor.

La vivienda habitual en la Ley de Segunda Oportunidad

En principio, la concesión del BEPI está condicionada a que el deudor concursado liquide todo su patrimonio. Son embargo, encontramos numerosos pronunciamientos en que los tribunales han permitido al deudor acogido a la Ley de Segunda Oportunidad conservar su vivienda hipotecada.

Así los Jueces Mercantiles en Barcelona (entre otros) han determinado mediante una comunicación de unificación de criterios en la que se indica que “Se podrá valorar que no sea necesario, para acordar la exoneración, que los bienes y derechos sujetos al pago de créditos con privilegio especial sean objeto de realización, siempre y cuando conste que se está atendiendo el pago con cargo a la masa, que se pueden abonar todos los créditos contra la masa y que el valor de la garantía es superior al valor razonable del bien sobre el que está constituido la garantía.”.

No constituye una condonación de esa deuda privilegiada, pero permite obtener el BEPI y poder seguir atendiendo los pagos, aunque habrá que valorar si las circunstancias del caso aconsejan esta actuación ya que si posteriormente se produce el impago la garantía es susceptible de ser ejecutada recaer en un nuevo concurso en el que no sea posible acceder al BEPI.

Los avalistas en la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad indica expresamente que la responsabilidad solidaria de los avalistas persiste a lo largo del proceso. Sin embargo, esta responsabilidad casa malamente con el artículo 1822 del Código Civil, que determina que la fianza o aval es accesoria a la obligación principal.

Esto significa que si la obligación principal (pago de las deudas por el acogido a la Ley de Segunda Oportunidad) decae, también debería hacerlo la fianza o aval. Así lo determina el artículo 1847 del Código Civil.

Por tanto, muchos tribunales se están pronunciando en el sentido de que la Ley de Segunda Oportunidad permite a los avalistas liberarse de su responsabilidad solidaria. Esto es poco conflictivo en el caso de la exoneración de deudas definitiva, aunque presenta algunos problemas en el caso del BEPI provisional.

Por eso es importante contar con la asistencia de un mercantilista experimentado en materia de segunda oportunidad. Como decimos, la Ley de Segunda Oportunidad es una norma viva, y sacarle el máximo partido requiere de un conocimiento profundo y actualizado no solo de la legislación, sino también de la jurisprudencia.


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